La integración ciudadana de las personas mayores

Fabián Trejos, Gerente General.


En nuestro medio se ha vuelto común escuchar el lamento de las autoridades políticas por los problemas de gobernabilidad que enfrenta el país. Sin embargo, el tiempo pasa y muy poco se hace para implementar reformas políticas que contribuyan a destrabar el aparato público y su gestión. Por ello el discurso impulsado por algunos sobre la necesidad y conveniencia de que las personas y organizaciones de la sociedad civil tengan una participación real y efectiva en las decisiones de política pública no va más allá. Al respecto en la declaración de Ypacarai 2017, la sociedad civil señala lo siguiente:

“También con respecto a la participación es evidente el doble discurso, pues al tiempo que se menciona insistentemente, se incluye en todos los documentos y se reconoce como derecho humano fundamental en sus dimensiones política, pública y social, en la práctica se limita y se obstaculiza el acceso a líderes y organizaciones de base en los espacios clave de toma de decisiones.”

Entre esos documentos se encuentra la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual plantea en el artículo 27 lo siguiente:

“La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad   de condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad.”

Y entre las medidas pertinentes que se desagregan en ese mismo artículo se menciona:

            “d) Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de Gobierno las opiniones, aportes y demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.”

En todo este tiempo algo se ha avanzado, pero se necesita mucho más para que las políticas públicas realmente se rijan por un enfoque de derechos humanos, y las personas adultas mayores dejen de ser considerados como simples beneficiarias de la acción del Estado y pasen a ser considerados sujetos titulares de derechos.

Pero las posibilidades de alcanzar ese nivel de participación política y de ejercicio de derechos no depende de la buena voluntad de un gobierno de turno, sino de la capacidad y decisión de las personas mayores y de las organizaciones que los representan de involucrarse en los temas relacionados con el desarrollo de servicios, programas y productos que son de su interés.

Solo se podrá avanzar de manera sostenida y superar la ausencia de participación o participación tan solo simbólica, si se logran reformas institucionales que aseguren mecanismos y espacios de participación y representación que sean permanentes y estables para revisar y proponer nuevas políticas, estrategias y acciones que respondan a las necesidades de las personas mayores.

Este llamado a la acción nos permitirá pasar “de la marginalización y la exclusión a la máxima integración y participación posible”.

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